andresaguirre

La simple verdad es que sea cual sea el homenaje que se profese, y aun se rinda, a la real o supuesta superioridad mental, la tendencia general de las cosas a través del mundo es a hacer de la mediocridad el poder supremo en los hombres.

John Stuart Mill
Sobre la Libertad

Operadores
La amplia frontera gris

Hay una frontera amplia y gris que no permite distinguir con claridad a los operadores políticos de los políticos (generalmente coexisten). Por eso lo más fácil y también lo primero es comenzar la limpieza al interior del aparato público, por aquellos que la justicia determine que han cometido delito, es decir por aquellos en que claramente se pueda probar que han utilizado recursos del estado para beneficio propio o del partido al que pertenezcan, como actualmente sucede con algunos funcionarios de Chiledeportes. Pero, eso es sólo lo primero -y lo más urgente- porque el operador político no es sólo un individuo con una conducta determinada al cual se le encarcela, se despide o se le cesa el contrato y se extirpa para siempre del estado tal como un quiste o tumor se extirpa del cuerpo. El tema es más grave, el operador político obedece a una lógica, a una práctica y una forma de hacer política ampliamente extendida e instilada en los ministerios, servicios y programas que en los últimos años, y especialmente en lo que va de este gobierno, han florecido con la exuberancia, no la belleza claro está, de los ciruelos en primavera.

Razones hay muchas y de distinta densidad, profundidad y extensión. Sin embargo, una cosa es clara: cuando Bachelet decidió nombrar a sus ministros y subsecretarios sin apenas tomar en cuenta la recomendación de los partidos, éstos, como si se les apareciera el diablo, levantaron los teléfonos e hicieron funcionar la maquinaria para poner personas de sus filas en cuanto cargo fuera posible, incluso aquellos cargos que antes nunca tuvieron una gran demanda tales como jefes de comunicación, Jefes de de Gabinete de servicios regionales, etc.

Esta forma de hacer política está tan difundida y arraigada en las distintas esferas del gobierno que incluso forma parte del lenguaje cotidiano. Y ya sabemos que esto no es menor pues el lenguaje construye realidades. Recuerdo con claridad la impresión que me provocaron las palabras del Jefe de un Programa (socialista) con gran presupuesto, cuyo cargo estaba en entredicho y que en una reunión de trabajo planteó la tesis de que su cargo lo quería la DC porque ellos creían que ahí, en el Programa, había plata (Obviamente plata para el partido). Más allá de lo que dijo, que a esta altura de los hechos pudiera parecer una nimiedad, fue la manera segura, tranquila y llena de evidente cotidianidad con que lo expresó, como si alguien dijera “salgo a almorzar y vuelvo”. Sin embargo, a nadie pareció llamarle la atención.

Es grave además esta manera de entender la política porque aunque no haya un robo de dinero o incluso una desviación de fondos para intereses personales o partidarios, o sea evidente corrupción o claro clientelismo, los operadores reciben un sueldo del estado, (generalmente más de un millón de pesos) para realizar un trabajo que poco tiene que ver con los objetivos de política pública y de bien común. Su pega es facilitar el camino al poder o mantener y blindar a determinados autoridades que sirven con lealtad canina. Todo lo cual denigra el trabajo de gobierno y los objetivos de las más alta política.

Este es el caso de Andrés Farías, operador de Chile deportes, que en una reciente entrevista a un semanario, deja en evidencia una forma, ya no sólo de hacer, sino que de entender la política. En otras palabras política para él (y para tantos otros), es sinónimo de mantener aceitada la maquina partidaria, hacer valer las influencias, las presiones, el clientelismo y el pago de favores. Alta política, estrategias de desarrollo, crecimiento, equidad son sólo palabras útiles a la hora de prender la imaginación de los votantes, pero en la propia convicción y en el día a día de su trabajo son completamente ajenas a la racionalidad instrumental del voto y el poder que es para lo que ellos trabajan y para lo cual les pagamos. Lo peor al fin, es que estos personajes no son sólo actores secundarios o terciarios del aparato público, en muchos casos esta lógica pequeña y mezquina prima, en mayor o menor grado, en muchos altos directivos, parlamentarios e incluso ministros, decidores públicos encargados de llevar adelante las grande tareas que harán “progresar” al país.

¿Y después de todo esto existe alguna solución? La condición humana no cambia y es sensato tener claro que siempre habrá lugar para este tipo de prácticas. No obstante con voluntad se puedo reducir considerablemente su área de influencia, sobretodo de las posiciones directivas y así ir mejorando la calidad de la administración pública. El Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión, dirigido por Ministro de Economía Nicolás Ferreyro, hace un buen aporte al proponer revitalizar la función de el sistema de la Alta Dirección Pública (ADP), organismo que permite la concursabilidad de cargos y define las condiciones bajo las cuales se realizan estos concursos. Entre otras cosas la comisión recomienda “extender el sistema hacia todas las áreas del gobierno, incluyendo programas y servicios (designados antes directamente por los ministros) donde el responsable defina políticas y sea de designación directa del Presidente de la República o de otra autoridad política del gobierno, con los fines de construir una administración superior profesional, que favorezca la eficiencia, introduzca una práctica generalizada de rendición de cuentas y neutralice el clientelismo”. Elegir seriamente una terna de acuerdo al perfil para el cargo es un buen filtro para ponerle un coto a las influencias y al amiguismo de acuerdo a unos parámetros conocidos y públicos para la ciudadanía. Pero en último término es sólo un filtro pues es el ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, quien tiene la facultad y la responsabilidad de elegir de entre la terna recomendada por la alta dirección. De esta elección dependerá entonces, en última instancia, el que mejore la probidad, la transparencia, la gestión administrativa y la calidad de la política al interior del Estado.